Un centavo hace la diferencia: ¿Empresario o delincuente organizado?

Autores/as

  • Rodolfo Félix Cárdenas

Palabras clave:

Delincuencia Organizada, Defraudación fiscal, Condición Objetiva de punibilidad, Personas Jurídicas, Prisión preventiva oficiosa

Resumen

Cuando, derivado de la presentación de diversas iniciativas con Proyecto de Decreto para reformar y adicionar distintas leyes para combatir la defraudación fiscal en México, se tuvo conocimiento en ciertos sectores del país —sobre todo en el ámbito empresarial e industrial a través de sus Cámaras y de firmas profesionales especializadas en esa temática, como de Barras y Colegios de abogados y de contadores— se desató una justificada reacción, pues sus efectos no solo quedarían en el ámbito de las llamadas empresas fantasma o empresas factureras, para las cuales ya se ofrecía solución en el Código Fiscal de la Federación; sino que se pretendía ampliar su espectro a todo tipo de defraudación fiscal de competencia federal —sin perjuicio de algunos supuestos en materia penal aduanera— para posibilitar la persecución penal de toda persona jurídica —sin excluir a las naturales— considerándoles como miembros en la delincuencia organizada.

Claro está, si de lo que se trataba era de elevar una reforma legal en materia penal-tributaria y más aún, con argumentos que derivaban su fundamentación en la necesidad de recaudar; ninguna persona moral en México constituida dentro del marco jurídico que ha ingresado al sector productivo generando ingresos lícitos; fuentes de empleo; que cumple con sus obligaciones de contribuir al gasto público enterando las contribuciones a su cargo, en fin; podría estar ajena y menos despreocupada por ese ejercicio legislativo.

Las tres iniciativas legales, eran coincidentes en destacar que existe un grave problema de recaudación en el país, destacando cifras muy importantes que lo avalan. Sin embargo, una reforma penal no puede encontrar sustento de ningún tipo en fallas imputables solo a las áreas competentes —al caso, las encargadas del procedimiento de fiscalización y, de gestión para el cobro de contribuciones adeudadas— pues la recaudación tributaria es un marco competencial de la autoridad administrativa —el Servicio de Administración Tributaria (SAT)— y por lo mismo, no puede invocarse basado en ello, que deba activarse la vía penal para recaudar, pues esta no es su finalidad.

Publicado

2021-03-23