Inconstitucionalidad de las facultades de investigación del SAT para allegarse de información bancaria para “fines penales”

Autores/as

  • Luis David Coaña Be

Palabras clave:

Secreto bancario, Defraudación fiscal

Resumen

En febrero de 2020, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito (tcc) resolvió el Amparo Directo 522/2019 desarrollando un tema y estableciendo un criterio cuya actualidad, para penalistas, fiscalistas, y en general todo jurista preocupado por el debido proceso, resulta innegable: los estados de cuenta bancarios recabados por la Secretari?a de Hacienda y Cre?dito Pu?blico (shcp) como autoridad hacendaria y, en principio, para “fines fiscales”, en te?rminos del arti?culo 117, fraccio?n IV, de la Ley de Instituciones de Cre?dito, posteriormente aportados a un proceso penal a efecto de ser considerados prueba de cargo para fincar una sentencia condenatoria, si bien pueden estimarse legalmente obtenidos para los mencionados “fines fiscales”, constituyen una prueba ili?citamente incorporada al proceso penal y, por tanto, su valoracio?n transgrede los derechos fundamentales de debido proceso, legalidad y seguridad juri?dica contenidos en los arti?culos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (cpeum), en relacio?n con el derecho fundamental a la vida privada de las personas.

A manera de antecedente, conviene destacar que el caso versó respecto de una sentencia definitiva de carácter condenatorio emitida en contra de una persona por los delitos de defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparable, previstos en los artículos 108 y 109 fracción V, respectivamente, del Código Fiscal de la Federación, y sancionados en el diverso numeral 108 párrafo cuarto fracción III del propio código tributario, siendo que parte medular del cúmulo probatorio que obraba en el proceso penal y con base en el cual se emitió la sentencia condenatoria, correspondían a diversas pruebas obtenidas por la SHCP en el ejercicio de sus facultades de comprobación (estados de cuenta bancarios del contribuyente) y posteriormente aportadas, sin mayor requisito, al proceso penal, donde fueron utilizadas y valoradas como prueba de cargo en contra del mismo contribuyente que ahora era enjuiciado penalmente.

Publicado

2021-04-30