Crítica a la teoría del delito en el Código Nacional de Procedimientos Penales

Autores/as

  • Jorge Nader Kuri

Palabras clave:

Crítica, Teoría del delito, Código Nacional de Procedimientos Penales

Resumen

La problemática que intentaré resolver no plantea saber si un ordenamiento procesal —adjetivo— puede incluir disposiciones sustantivas —de derecho en sí. Basta, para tales efectos, el principio según el cual las cosas son lo que son y no lo que dicen ser, que, trasladado al orden jurídico, tiene una aplicación elocuente que en sí misma resuelve numerosos problemas. Por ejemplo: si en un contrato de promesa de compraventa se pacta cosa y precio, a pesar de los términos que contenga —referidos a la promesa—¸ en realidad se trata de una compraventa que se ha perfeccionado plenamente; si en un acto llamado sentencia definitiva, dictado en el momento procesal en el que se dictan las sentencias definitivas, el tribunal resuelve sobreseer o declarar una causa de improcedencia de la acción, en realidad no se trata de una sentencia definitiva en tanto no se resolvió el conflicto, aunque se concluya o ponga fin al procedimiento (con los efectos que se quiera). En fin: si en un ordenamiento sustantivo se establecen normas de derecho procesal, como ocurre, por
ejemplo, con el Título Tercero del Libro Primero del Código Penal Federal, referido a la aplicación e individualización judicial de las penas, éstas no dejan de ser lo que son: normas adjetivas, lo cual no suele ser un problema significativo al momento de su interpretación o aplicación, por regla general.

Pero ¿qué ocurre si en un ordenamiento procesal se introducen normas sustantivas emitidas por un órgano legislativo que no tiene facultades para legislar en la materia? Y es que el Código Nacional de Procedimientos Penales contiene disposiciones sustantivas propias de la teoría del delito alusivas a causas de atipicidad, de justificación y de inculpabilidad, a pesar de que el Congreso de la Unión carece de facultades para legislar en materia penal para las entidades federativas —a las que obliga el ordenamiento procesal nacional. Entonces, ¿cuáles son los alcances de dichas normas? ¿su aplicación por la autoridad local implica una violación al debido proceso? ¿cabe su inaplicación mediante el mecanismo del control difuso de la inconstitucionalidad de normas? ¿basta que sean ignoradas o, acaso sirvan de referencia? 

Publicado

2021-03-06