Resumen
El artículo aborda la urgente necesidad de una reforma al sistema de justicia penal en México, en el contexto de las demandas democráticas del Estado de derecho. Se hace una crítica a las reformas constitucionales de 2024 impulsadas por el gobierno de la 4T, argumentando el por qué socavan la autonomía del poder judicial y vulneran principios esenciales como la división de poderes. Estas reformas, en lugar de mejorar la imparcialidad y eficacia del sistema, propician un entorno de corrupción e impunidad, exacerbando la crisis existente en la justicia penal.
La crisis del sistema no es nueva, por décadas se ha denunciado su ineficacia para responder a las necesidades de seguridad y justicia de la ciudadanía. La delincuencia organizada y el uso de tecnologías avanzadas han desafiado aún más a un sistema ya debilitado por decisiones políticas que priorizan la represión sobre la rehabilitación y la prevención. A pesar de esfuerzos legislativos previos, las reformas no han logrado satisfacer las expectativas sociales ni ajustar los principios del Estado democrático.
Cualquier intento de reforma debe ser integral, abarcando todos los subsistemas del sistema penal y sustentándose en principios democráticos. Se requieren acciones concretas para fortalecer las instituciones, actualizar el marco normativo y garantizar la formación adecuada del personal judicial. Solo mediante un compromiso conjunto entre el Estado, la sociedad y las instituciones se podrá construir un sistema de justicia penal verdaderamente funcional y justo.
