Resumen
La figura delictiva de la extorsión se diferenció en México, desde finales del siglo pasado, de otros delitos patrimoniales. La reiteración de su comisión por parte del crimen organizado, la violencia en su ejecución y su profundo impacto en la vida de las personas han llevado a reconocerla como un delito complejo, de carácter pluriofensivo. La magnitud de este fenómeno delictivo propició la expedición de una Ley General en la materia. Dicha legislación constituye la expresión de una política criminal que se debate en una tensión permanente entre la lógica de la seguridad y la del Estado constitucional de derecho, inclinándose, en su configuración actual, por privilegiar la primera.
